Artículo 19 advierte riesgos por facultades para verificar veracidad informativa

La organización Artículo 19 alertó este jueves sobre los riesgos que implica para el ejercicio periodístico en México la posibilidad de que autoridades gubernamentales asuman funciones de arbitraje sobre la veracidad de los contenidos informativos. La postura surge ante propuestas que sugieren otorgar a dependencias estatales la facultad de calificar o desestimar información difundida en medios de comunicación y plataformas digitales.

El organismo defensor de derechos humanos señaló que cualquier intento por establecer una instancia oficial con capacidad para validar qué es verdadero o falso en el debate público podría derivar en una forma de censura. Según la organización, la creación de lo que han denominado como una "policía de la verdad" contraviene los estándares internacionales sobre libertad de expresión, al colocar al Estado como juez y parte en la fiscalización del discurso social.

Desde la perspectiva de Artículo 19, el riesgo principal radica en la discrecionalidad con la que dichas facultades podrían aplicarse para inhibir críticas o cuestionamientos hacia la gestión pública. La institución subrayó que, en un sistema democrático, el contraste de datos debe ser una labor realizada por la sociedad civil, la academia y el propio gremio periodístico, y no mediante mandatos de carácter administrativo o legal impuestos por el gobierno.

La organización hizo un llamado a las autoridades y a los legisladores en el Congreso de la Unión para evitar cualquier reforma o disposición que pretenda centralizar la verdad institucional. Argumentaron que el derecho a la información debe garantizarse bajo principios de pluralidad, donde la diversidad de voces sea la herramienta principal para combatir la desinformación, en lugar de recurrir a mecanismos de control que limiten el debate plural en el país.

Finalmente, el pronunciamiento enfatiza que la vigilancia sobre el poder es una función sustancial de la prensa en México. Cualquier medida que condicione la difusión de contenidos a una validación previa por parte de una autoridad, advierten, representa un retroceso para las garantías constitucionales que protegen la labor informativa y la libertad de prensa en el territorio nacional.