CRT definirá prórroga para cancelar líneas telefónicas sin registro oficial

La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, informó este jueves que será el Consejo Regulador de Telecomunicaciones (CRT) el organismo encargado de determinar si se otorga una prórroga para la cancelación de líneas telefónicas que no cuenten con un registro formal. Esta medida busca fortalecer la seguridad nacional mediante la identificación plena de los usuarios de telefonía móvil en el país.

Durante su conferencia de prensa matutina, la jefa de Estado subrayó que el combate a la extorsión es una prioridad para la administración actual. Señaló que, de acuerdo con los diagnósticos de inteligencia, una parte significativa de las amenazas telefónicas que recibe la ciudadanía proviene de números que carecen de una base de datos vinculada a un usuario identificado, lo que dificulta las labores de investigación de la Fiscalía General de la República y las autoridades estatales.

La mandataria explicó que el objetivo central de esta regulación es desarticular las redes criminales que utilizan el anonimato de la telefonía móvil para intimidar a la población y exigir pagos ilícitos. Al obligar a un registro estricto, el Gobierno Federal busca reducir la incidencia de este delito que afecta la tranquilidad de las familias mexicanas en diversas entidades federativas.

El equipo de la Presidencia adelantó que la propuesta de regulación contempla mecanismos para que los concesionarios de telecomunicaciones colaboren estrechamente con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Se espera que en los próximos días el CRT emita un dictamen sobre los plazos y las condiciones técnicas que deberán cumplir las empresas del sector para alinearse con los lineamientos de seguridad pública vigentes.

Por último, se enfatizó que cualquier decisión respecto a la posible prórroga será comunicada con antelación a los usuarios de telefonía, garantizando que el proceso de registro sea accesible y transparente. El Gobierno Federal mantiene su postura de priorizar la seguridad digital de los ciudadanos frente a las prácticas delictivas que operan mediante sistemas de comunicación no identificados.