Gobierno estatal propone agilizar licencias de construcción en treinta días

El gobierno estatal anunció este sábado una propuesta legislativa para establecer un plazo máximo de 30 días en la expedición de licencias de construcción. Esta medida, impulsada por el equipo del gobernador Salvador Illa, busca terminar con los retrasos administrativos que históricamente han afectado a restauradores, propietarios de locales comerciales y arquitectos en la entidad.

Actualmente, la tramitación de permisos en diversas demarcaciones municipales representa uno de los obstáculos más significativos para la inversión privada y la adecuación de inmuebles. Los sectores productivos han señalado reiteradamente que la lentitud en los procesos burocráticos encarece los proyectos y desincentiva la mejora de la infraestructura urbana, un reclamo que el gobierno local pretende atender mediante una reforma normativa integral.

La propuesta contempla la estandarización de criterios en todos los municipios del estado, eliminando las variaciones discrecionales que complican la gestión de los expedientes. Con esta iniciativa, el ejecutivo estatal busca que el plazo de un mes sea el límite inamovible para obtener el visto bueno de las autoridades, siempre que los solicitantes cumplan con los requisitos técnicos de seguridad y uso de suelo establecidos por las leyes vigentes.

Para asegurar el cumplimiento de esta meta, el gobierno estatal plantea establecer mesas de trabajo con los alcaldes y directores de obras públicas municipales. El objetivo es modernizar los sistemas de gestión documental y digitalizar los procesos, evitando que los proyectos queden estancados por revisiones administrativas que, en algunos casos, llegan a prolongarse por periodos excesivos.

Finalmente, la administración estatal enfatizó que esta reforma no busca relajar las normas de seguridad estructural ni los reglamentos de construcción. Por el contrario, se busca fortalecer la vigilancia en el cumplimiento de las normas técnicas, mientras se simplifica la interacción entre los ciudadanos y las dependencias encargadas de autorizar el desarrollo urbano.