Mercado ilegal de tabaco resta 35,000 millones de pesos al erario

La venta ilegal de tabaco en México representa una pérdida estimada de 35,000 millones de pesos anuales para las finanzas públicas, a pesar de los ajustes realizados al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS). Este fenómeno se ha consolidado mediante una estrategia mixta que combina la introducción de productos de contrabando con el aumento en la fabricación local de cigarrillos clandestinos, los cuales se comercializan sin cumplir con las regulaciones sanitarias ni fiscales vigentes.

Investigadores del Colegio de México (Colmex) advierten que el crimen organizado ha logrado establecer una competencia asimétrica frente a las empresas que operan dentro del marco legal. Mientras los productores formales enfrentan cargas impositivas y restricciones estrictas de comercialización, los productos ilegales saturan los puntos de venta con precios reducidos, lo que dificulta la recaudación efectiva por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el SAT.

El problema trasciende la esfera económica, impactando directamente en la salud pública debido a la falta de controles sobre los insumos utilizados en la fabricación de estos artículos. La ausencia de verificación de calidad en los cigarrillos de origen ilícito representa un riesgo adicional para los consumidores, quienes adquieren productos cuyos componentes suelen ignorar por completo al momento de la compra en mercados informales.

Expertos señalan que la estrategia de las organizaciones delictivas ha evolucionado para evadir los operativos de vigilancia de la Guardia Nacional y las inspecciones de la Fiscalía General de la República (FGR). La red de distribución se ha diversificado, utilizando tanto canales tradicionales como plataformas digitales que dificultan el rastreo de los cargamentos y la identificación de las plantas de producción clandestinas distribuidas en distintas regiones del país.

Ante este escenario, diversos sectores han planteado la necesidad de reforzar la coordinación entre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y las autoridades fiscales para mitigar el impacto presupuestario. La propuesta central radica en fortalecer la vigilancia en las aduanas y mejorar la capacidad de respuesta ante la proliferación de manufacturas ilegales que desafían la política recaudatoria nacional.