Registran 42 homicidios de actores políticos y sociales en Oaxaca desde 2022

En el transcurso de los cuatro años que comprende la administración del gobernador Salomón Jara Cruz en Oaxaca, cifras oficiales han documentado una ola de violencia que ha impactado a diversos sectores de la vida pública y social. De acuerdo con el registro estadístico, el periodo se ha visto marcado por el asesinato de cinco presidentes municipales en funciones, un dato que refleja los riesgos persistentes para quienes ejercen la autoridad local en la entidad.

El informe detalla que, además de los ediles en funciones, han sido ultimados ocho exalcaldes en distintos puntos del territorio oaxaqueño. Esta tendencia de violencia contra el ámbito político se suma a la afectación directa en otros sectores clave, contabilizando también el homicidio de nueve líderes sindicales, quienes desempeñaban labores de representación gremial al momento de los hechos.

La problemática no se limita al espectro político-administrativo, pues el documento oficial resalta el fallecimiento violento de 21 activistas y líderes indígenas durante el mismo periodo. Estos ataques contra defensores de derechos humanos y representantes de comunidades originarias plantean desafíos significativos para las autoridades estatales en materia de protección y procuración de justicia en las regiones más vulnerables del estado.

Ante este panorama, diversas organizaciones de la sociedad civil han expresado su preocupación por la seguridad de quienes ejercen cargos públicos o liderazgos sociales. Desde el equipo de comunicación del gobierno estatal se ha manifestado la intención de fortalecer las mesas de seguridad y coordinar acciones conjuntas con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal para intentar contener los índices delictivos en las zonas con mayor incidencia.

El análisis de estas cifras, que abarcan desde finales de 2022 hasta julio de 2026, subraya la complejidad del entorno de seguridad en Oaxaca. La Fiscalía General del Estado, en coordinación con instancias federales, mantiene abiertas las carpetas de investigación correspondientes para determinar las responsabilidades penales en cada uno de estos hechos violentos que han conmocionado a las comunidades locales.