Sheinbaum asegura autonomía de la FGR en caso Ayotzinapa

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se pronunció este viernes sobre los recientes acontecimientos relacionados con el caso Ayotzinapa, tras la detención de Ángel Aguirre. En su mensaje, la mandataria reiteró que la Fiscalía General de la República (FGR) mantiene la conducción de las indagatorias bajo un esquema de autonomía técnica, rechazando que el proceso responda a presiones o motivaciones de carácter político.

El posicionamiento de la titular del Ejecutivo ocurre en respuesta a las inquietudes expresadas por los padres y madres de los 43 estudiantes desaparecidos, quienes han solicitado claridad sobre los avances en las carpetas de investigación. Sheinbaum subrayó que su administración mantiene el compromiso de colaborar con las autoridades judiciales para esclarecer los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, garantizando que el acceso a la justicia sea el eje rector de las actuaciones ministeriales.

Desde Palacio Nacional, la oficina de la presidencia indicó que el gobierno federal continuará facilitando la información necesaria que sea requerida por el Ministerio Público Federal. Se enfatizó que cualquier acción emprendida por la FGR es resultado de las pruebas recabadas en los expedientes y no de una agenda gubernamental, buscando con ello separar las responsabilidades del Poder Ejecutivo de las atribuciones exclusivas del organismo autónomo.

Por su parte, los representantes de las familias de los normalistas han insistido en la necesidad de agotar todas las líneas de investigación que involucren a exfuncionarios públicos de diversos niveles de gobierno. La administración federal reiteró su disposición para mantener el diálogo permanente con los familiares, bajo el principio de transparencia y el respeto irrestricto al debido proceso que marca la ley mexicana.

Finalmente, la mandataria hizo un llamado a la sociedad y a los medios de comunicación a permitir que las autoridades judiciales concluyan sus trabajos conforme a derecho. El caso Ayotzinapa sigue siendo una prioridad para el Estado mexicano, el cual busca dar respuesta a una demanda histórica de justicia que ha marcado la agenda pública del país durante la última década.